EL IMPERIO CONTRAATACA A LOS REGIDORES E IMPRODUCTIVOS POLÍTICOS

El principal desafío de los Congresos estatales no radica en sus costos presupuestarios —como lo plantea el Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum —, sino en la falta de productividad, la opacidad en el ejercicio del gasto, así como el uso discrecional de éste para premiar lealtades y dar empleo a grupos políticos.

El Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales 2024, elaborado por Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y actualizado en julio del año pasado, expone esta realidad: aunque los poderes legislativos representan un costo de 16,000 millones de pesos anuales, su rendimiento se situó en niveles mínimos.

El pasado 12 de marzo, durante la presentación de la nueva iniciativa presidencial, se planteó como base el Censo del INEGI, no obstante, el estudio ofrece otros datos que permiten evaluar con mayor profundidad el ejercicio legislativo.

Entre los elementos destacables están la cantidad y formación profesional del personal que se contratan en los congresos para apoyar la labor legislativa, así como la eficiencia real en la presentación y dictaminación de iniciativas.

El documento indica, por ejemplo, que mientras en 2025 había unos 1,000 legisladores en funciones en 31 Congresos del país (el de la CDMX no se tomó en cuenta por el nivel de opacidad en su información), la estructura operativa contaba con cerca de 11,800 funcionarios designados por los líderes de bancada. Entre ellos, están los titulares de unidad, personal de servicios parlamentarios y de comunicación. Adicionalmente estos funcionarios, contaban con 3,412 personas “de apoyo” para los diputados.

Ante esta realidad analistas advierten que la propuesta de la presidenta no atiende vicios en la actuación legislativa, que van desde el control que ejercen las y los gobernadores hasta el manejo discrecional del dinero o de las nóminas por parte de las bancadas mayoritarias.

Al respecto, Sergio Bárcena, director de Buró Parlamentario, quien ha realizado numerosos estudios sobre los congresos federal y los estatales, advierte que la propuesta no tiene como objetivo mejorar la representación política de los ciudadanos.

“Aunque se les recorte el presupuesto, aunque se les ponga un tope (...) ¿Cuáles son esos vicios? Primero que nada, la forma en la que los recursos que recibe cada grupo parlamentario se sigue repartiendo y que es de manera opaca”, dice el experto.

La iniciativa busca establecer un tope para que los Congresos no excedan el 0.7% del presupuesto anual de cada entidad, sin embargo, Bárcena, advierte que este límite es insuficiente si no está acompañado de mecanismos de transparencia que eviten su uso discrecional por parte de las bancadas. (Nota Internet)