EL EX PRESIDENTE AMLO DEJÓ EL SISTEMA DE SALUD PÚBLICO EN UNA COMPLETA CRISIS

Daniel ha trabajado en un puesto de tacos durante las últimas dos décadas y nunca ha estado afiliado a ningún servicio de salud público, por eso tuvo que ahorrar para hacer frente a una operación de rodilla que requería desde hace dos años y que pudo hacerse apenas hace unos meses en un hospital privado.

Su rehabilitación fue rápida, lo que le permitió regresar a trabajar, una verdadera necesidad, puesto que es el único sostén en su familia. Apenas comenzaba a recuperarse del bolsillo cuando su hija, estudiante de medicina, tuvo apendicitis. “Corrimos a la primera clínica que encontramos y la operaron inmediatamente”. Esa emergencia le costó otros 70 mil pesos. “Pero gracias a Dios la salvamos”, dice.

Al preguntarle por qué no acudió a alguna clínica pública, sobre todo al tratarse de una atención urgente, hace un gesto con la mano como si empujara algo al aire y ataja con un tono burlón: “¡Nombre, ya parece que me la iban a recibir!”.

Daniel no es el único que ha optado por el servicio médico privado, aún cuando esto represente un sacrificio y signifique que tenga que ahorrar durante meses, trabajar más o renunciar al poco patrimonio a cambio de la salud.

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador las cirugías realizadas en hospitales privados creció en 33 %. En 2012 hubo 919 mil intervenciones quirúrgicas en centros privados en el país, para 2018 aumentó a 1 millón 78 intervenciones, y en 2024 creció a 1 millón 436 mil, de acuerdo con el Sexto Informe de gobierno de AMLO.

Y paradójicamente, aunque López Obrador mantuvo el lema de “primero los pobres”, la atención médica pública disminuyó durante su gestión. Entre 2018 y 2024, el número de cirugías cayó 6 %, lo que significó 200 intervenciones menos en todo el sistema público. Y si se compara con las realizadas en 2012, la disminución alcanzó 489 mil cirugías, según su último informe de Gobierno.

Esto, dice Luis Javier Cortés, consultor y Maestro en Administración y Políticas Públicas por el CIDE, es la privatización de la salud. “La verdadera privatización es traspasar el costo de la atención médica directamente al paciente, y eso es lo que está sucediendo”.

“Aunque desde la Constitución el ciudadano tiene garantizado el derecho a la salud, ni se la estás garantizando ni protegiendo financieramente, porque el costo lo está absorbiendo plenamente las personas”, explica en entrevista.

Los datos lo confirman: el gasto en salud promedio aumentó 54 % entre los hogares más pobres. Mientras en 2018 gastaron 1,729 pesos, en 2022 el desembolso fue de 2 mil 679 pesos, según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).

De ahí que, ante la demanda, el sector privado ha aprovechado en incrementar la oferta: la infraestructura privada creció en los últimos seis años, de acuerdo con datos del Sexto Informe Gobierno de AMLO.

Entre 2018 y 20124, las unidades médicas con 15 a 24 camas aumentó 21 %, al pasar de 254 a 307. Mientras que las camas censables en instituciones privadas pasó de 33 mil 630 a 36 mil 514.

En 2024, las personas también tuvieron 13 % más oferta de laboratorios clínicos privados en comparación con 2018. Se pasó de 892 unidades a mil 12. La oferta correspondió a la demanda: entre 2016 y 2020, el número de análisis clínicos se mantuvo en 17 millones al año, pero en 2021 aumentó a 21 millones; el año siguiente 22 millones y en 2023 alcanzó los 23 millones en establecimientos privados, de acuerdo con datos del INEGI.

En contraste, en el sector público dejaron de hacerse 41 millones de estudios clínicos, al comparar 2018 y 2024, según datos de la Secretaría de Salud. En este rubro, además, hubo recortes presupuestales desde el primer año del sexenio de AMLO, con una disminución de 82 % de presupuesto para materiales, accesorios y suministros de laboratorio en las instituciones de la Secretaría de Salud, esto significó 654 millones de pesos menos en 2019 con respecto a 2018 en términos reales.

Las consultas médicas generales en el sector público también disminuyeron en 21 % entre 2018 y 2024. Esto implicó dejar de realizar 42 millones 256 mil consultas. Y 10 millones 122 mil consultas de especialidad también dejaron de otorgarse, una disminución de 22 %.

De ahí que muchos más mexicanos acudieron a establecimientos privados sobre todo para consultas de especialidad. En 2018 hubo 6 millones de atenciones, y para 2024 aumentó a 7 millones 100 mil consultas, un crecimiento de 17 %.

Esto ocurrió durante las fallidas estrategias en materia de salud del expresidente López Obrador. Primero decidió desaparecer el Seguro Popular, un programa transexenal que atendía a población sin seguridad social desde 2012, acusando la existencia de corrupción, aunque nunca hubo alguna persona denunciada o investigada por ello.

Luego lo sustituyó por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), pero apenas funcionó dos años y luego fue extinguido. En su lugar trasladaron la responsabilidad de coordinar ese sistema de salud que opera en los estados al IMSS-Bienestar.

Sin embargo, en ese proceso se perdió el rastro de miles de millones de pesos que financiaba el tratamiento y cirugías de enfermedades catastróficas como el cáncer, malformaciones genéticas o transplantes, entre otros, a través del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud del Seguro Popular.

Hasta 2018 el fideicomiso había acumulado 119 mil millones de pesos. En 2019, tras la desaparición del Seguro Popular, los recursos fueron transferidos al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (Fonsabi), administrado por el Insabi. Para 2023, ese Fondo sólo tenía 45 mil millones de pesos. Es decir, en cuatro años AMLO disminuyó 62 % del dinero ahorrado durante 14 años, y sin explicar en qué lo gastó.

De acuerdo con el artículo “La eliminación del Seguro Popular: impactos en la atención de enfermedades de alto costo en la población no asegurada en México”, de Luis Javier Cortés y Octavio Gómez Dantés, publicado en The Lancet, la consecuencia de la decisión de AMLO de desaparecer este programa fue la reducción en el acceso a servicios de salud de alta especialidad, afectando a quienes menos tienen.