EL EMBARAZO Y LAS DROGAS YA SON PROBLEMAS Y CRIMINALIZACIÓN

La criminalización para las mujeres embarazadas con adicción a drogas empieza desde el control prenatal. En cuanto el personal médico tiene noticia de que la paciente es usuaria de sustancias psicoactivas notifica a las fiscalías bajo la figura de “caso médico legal”, contemplado en los Códigos Penales de 28 estados país.

En ellos, se establece como obligación para el personal médico notificar aquellos casos en los que hay un lesionado por presuntos hechos delictivos, tal como algún apuñalado o herido de bala. En ninguno de ellos se incluye el uso de sustancias psicoactivas como motivo por el cual levantar un reporte, y sin embargo, los médicos notifican ante el Ministerio Público a las mujeres embarazadas con adicción, como si se tratara de delincuentes.

Consumir drogas, siempre y cuando la portación de la sustancia no supere los gramajes permitidos no es ningún delito en México, según lo establecido en la Ley General de Salud. Los actos penados tienen más que ver con narcomenudeo o narcotráfico, con personas vendiendo o traficando drogas: escenarios lejos de una madre con problemas para superar su adicción.

“De por sí no es fácil transitar a la maternidad. No es fácil para ninguna mujer. Y si encima uno está luchando con una sustancia que ya de alguna manera ha tomado el control, el reto es todavía mayor y hay que abordarlo con compasión y con empatía y no con estigma y criminalización”, dice Corina Giacomello, investigadora de la Universidad Autónoma de Chiapas, una de las pocas especialistas a nivel global en infancias, maternidades y drogas.

En Quintana Roo, los avisos al MP se hacen a discreción y según el criterio personal de quien está brindando el servicio, de acuerdo con lo informado por el área de ginecología del Hospital Regional Número 17, del IMSS, en Cancún.

En Jalisco, en lo que va del año, el Hospital Civil de Guadalajara ha recibido a 38 mujeres embarazadas que informaron a los médicos ser usuarias de alguna droga, la mayoría de metanfetamina. Todas fueron reportadas al MP, según fuentes que trabajan en la dirección del área obstétrica del lugar.

No resulta extraño, entonces, que Alejandra haya preferido mantener oculta su adicción al cristal durante sus embarazos. Una tarde de mayo cuenta su historia, que revela el desamparo de mujeres embarazadas con dependencia a drogas y de bebés con trastornos por este consumo. Lo hace en un centro de rehabilitación irregular en Cancún, que opera sin permiso de la autoridad federal competente, y que fue el único espacio donde encontró ayuda.

La metanfetamina ha proliferado tanto al grado de que se ha colocado en el 90 % del territorio nacional como la droga de mayor impacto, es decir, el motivo principal por el cual los usuarios acuden a pedir ayuda para rehabilitarse. Una de cada tres personas atendidas desde 2011 por los Centros de Integración Juvenil (CIJ), un órgano sectorizado de la SSA dedicado al tratamiento de consumo de drogas, tiene problemas con los fármacos y narcóticos, donde el cristal figura como protagonista, de manera más notoria a partir del 2017.

Por otro lado, desde 2011 se han registrado más de medio millón de ingresos a Urgencias por trastornos derivados del consumo de sustancias psicoactivas, de acuerdo con datos de la SSA. De ellos, casi 500 son bebés con afectaciones a su salud por drogas. 2024 marcó el récord, con 54 recién nacidos con delirios, síndromes de abstinencia o intoxicación por estimulantes. Esta cifra son sólo los que van a hospitales. Los casos como el de Alejandra y sus bebés, que desconfían y hasta temen a las autoridades, están invisibilizados.

De 2021 a 2024, el Ministerio Público de Jalisco intervino en 93 ocasiones por el reporte de recién nacidos de madres usuarias de drogas, de acuerdo con datos obtenidos vía Transparencia. Y tan solo en lo que va del 2025 ya se cuentan otros 72, según Sandra Trelles, titular de la Procuraduría del menor de Jalisco: un año atípico y alarmante.

En todos ellos, el MP solicitó la intervención de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. También emitió medidas de protección para los bebés y otorga un periodo de 60 días a la procuraduría para determinar su situación jurídica, explica Trelles.

Las procuradurías evalúan cada caso, con un equipo multidisciplinario de psicólogos, trabajadores sociales y abogados, según Trelles. Entrevistan a la madre y a la familia o red de apoyo con la que cuenta el bebé para conocer la situación emocional por la que pasan. Visitan la casa para determinar si es un espacio seguro y determinan qué derechos se están violando para el bebé.

La procuraduría emite entonces una medida de protección complementaria para el bebé. En el mejor y más raro de los casos, si es que hay un entorno favorable, el menor no se separa de la madre y así se evita la institucionalización del bebé. Ahora bien, si se determina que el núcleo familiar no es el óptimo o hay riesgos, el bebé queda bajo resguardo de algún familiar. En el peor y más común de los casos, los bebés son trasladados a casas hogares, públicas o privadas.

En cualquier caso, la procuraduría emite un plan de restitución, documento en el que se detalla la forma en que se llevará a cabo el restablecimiento de los derechos violentados al menor y con qué institución hace falta vincularse para remediar la situación.

Cada vez es más común que las Procuradurías del Menor no encuentren una red de apoyo para los bebés en lo que se soluciona la situación de la madre, según Trelles.

Por eso los trasladan a casas hogares, que suelen ser espacios no adecuados para recibir a esta población. Mario de Jesús Palma Ramírez, subdelegado de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia de Cancún, reconoce que no cuentan con las instalaciones ni el personal adecuado para recibir recién nacidos de madres usuarias de drogas.

Ante las carencias, optan por trasladarlos a casas hogar privadas; llegar a acuerdos con fundaciones que apoyen a esta población, o también les delegan la responsabilidad a las familias.

“A veces también se les da la apertura para que puedan, si ellos están en las posibilidades, de hacerse de algún especialista por su propia cuenta. Se le dan los accesos y las facilidades para que el niño pueda estar recibiendo todo ese tipo de terapias”, dice el funcionario. “Quisiéramos tener las instalaciones más óptimas del mundo, ¿no? Pero sí, hay situaciones que a veces tenemos que buscarlos nuevas formas para poder resolver”, añade.

Y no todas las casas hogar privadas son aptas para estos bebés. En Quintana Roo no existe ninguna especializada en la atención neonatal, pero en Jalisco sí. Según Sandra Trelles, el DIF Jalisco tiene convenio con nueve casas hogares con lo necesario para atender estos casos.

Desde 2016, el DIF registra 1,185 bebés niños, niñas y adolescentes, hijos de toxicómanos, en Centros de Asistencia Social (CAS): establecimientos públicos, privados o de asociaciones civiles, destinados al cuidado o acogimiento residencial para infancias sin cuidado parental.

El dato es representativo porque solo 13 entidades respondieron a las solicitudes de información y no todas brindaron datos desde 2016. Se trata de menores separados de sus familias por ser víctima de alguna vulneración de sus derechos.

Aunque en la ley se establece que el DIF está facultado para recibir a población vulnerable, como personas en situación de calle, con discapacidad o adultos mayores, no tiene la obligación de albergar población con problemas relacionados a las drogas. Para eso existe una Red de Atención a las Adicciones, dirigida por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), conformada por casi 2,400 unidades públicas y privadas.

A diferencia de estos, los CAS no cuentan, por ejemplo, con clínicas de desintoxicación, equipamiento o insumos médicos específicos para reducción de daños o sustitutivos de opiáceos. Tampoco hay personal capacitado como especialistas en rehabilitación, o psicólogos y psiquiatras con estudios relacionados a las adicciones, ni programas específicos o protocolos para atender a esta población, mucho menos para tratar con recién nacidos con trastornos por drogas.

Un exprocurador de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, que pidió el anonimato como condición para compartir información, reconoció que, durante su reciente gestión, no encontraron la manera de atender estos casos. Cada año ordenaban trasladar a varios bebés de madres con dependencia a drogas a diferentes CAS, mismos que llegaban con las secuelas del consumo de drogas de sus madres, con desnutrición severa, muy delicados de salud.

El problema, dice la fuente, es que estas casas hogares no tienen pediatras o perinatólogos, tampoco una clínica para brindarles atención médica, ni protocolos ni programas para saber cómo proceder. Son casos difíciles, prosigue, pues tardan años en recuperar su salud, más otros años en que retornen a su familia, tutor o a un entorno seguro, tiempo en que pasa junto a otros niños y niñas desconocidos, en iguales o peores condiciones.

Con este panorama se incumple la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en lo referente a la regulación de los CAS. “El Estado mexicano no se está haciendo cargo de la protección y restitución de derechos de niñas, niñas y adolescentes”, opina Krysha Carretero, presidenta de Conexiones de Byda, organización civil que promueve los derechos de la infancia.

La especialista explica que existe el Modelo tipo de atención y protección integral de centros de asistencia social para niñas, niños y adolescente, instrumento que permite estructurar los servicios integrales que se brindan al interior de un CAS. Es un manual muy general que no especifica, en ninguna parte, personas toxicómanas como población objetivo. Y, sin embargo, los están atendiendo.

“El 90 % de los niños, niñas y adolescentes institucionalizados están en Centros de Asistencia Social privados y no están suficientemente regulados, ni vigilados”, dice Carretero, quien critica que el trabajo de buena parte de ellos se guían por mandatos religiosos y no por evidencia científica o políticas públicas.

“Si una niña o un bebé que viene de esta condición de drogas y no tiene un tratamiento especializado, pues difícilmente va a tener un desarrollo pleno como el resto de los niños que viven en otras condiciones”, advierte.