EL CÁRTEL DE LAS 4 LETRAS LEVANTA SU IMPERIO DE HUACHICOL

La tarde del 8 de marzo, un buque petrolero llamado Torm Agnes entró al Puerto de Ensenada, en la costa del Pacífico de México, transportando casi 120,000 barriles de diésel.

Un buque así era poco común en ese puerto, que acoge principalmente cruceros, yates de lujo y portacontenedores. Ensenada carece de la infraestructura necesaria para descargar hidrocarburos inflamables de forma segura, lo que lo hacía aún más extraño.

Oleadas de camiones llegaron al muelle para llevarse gran parte de la carga del Torm Agnes.

Los trabajadores se apresuraron a llenar los tanques de los vehículos, hasta seis a la vez, usando mangueras que salían de una más grande fijada al buque. La operación, aunque arriesgada, transcurrió con precisión, según un testigo presencial y una foto y un video del incidente compartidos con Reuters.

"Tenían un equipo, eran muy meticulosos en lo que tenían que hacer y eran muy rápidos", dijo la persona. "Trabajaron sin parar, incluso de noche".

La audaz maniobra fue obra de contrabandistas vinculados a un cártel, según tres fuentes de seguridad mexicanas y tres personas familiarizadas con la operación, parte de una ola de contrabandistas que están revolucionando el mercado de combustible de México con una inundación a bajo precio obtenido principalmente de los Estados Unidos y que se disfraza en las declaraciones aduaneras como otra cosa.

Los delincuentes mexicanos no actuaron solos. Una empresa de Houston llamada Ikon Midstream jugó un papel clave en la operación multimillonaria de Ensenada, según descubrió Reuters.

Compró el diésel en Canadá, dijo en la documentación que se trataba de lubricantes y alquiló el buque para entregarlo a un cliente que, según las autoridades mexicanas, es una fachada de uno de los cárteles más grandes y violentos del país.

Ikon Midstream y su director ejecutivo, Rhett Kenagy, no respondieron a múltiples solicitudes de comentarios. El abogado Joseph O. Slovacek, quien representa a la compañía y a Kenagy, le indicó a Reuters en un correo electrónico del 18 de octubre que dejara de contactar a sus clientes. "¡Nadie hablará con su reportero!", dijo Slovacek.

El Puerto de Ensenada no respondió a una solicitud de comentarios. Torm, con sede en Dinamarca y gestora de una de las flotas de petroleros más grandes del mundo, incluyendo el Torm Agnes, dijo que dejó de operar con Ikon Midstream pocas semanas después del incidente de Ensenada.

Los narcóticos siguen siendo la principal fuente de ingresos de los cárteles mexicanos. Sin embargo, el combustible ilegal y el petróleo crudo robado se convirtieron en la mayor fuente de ingresos no relacionados con el narcotráfico para estos delincuentes, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Los narcos construyen este lucrativo negocio secundario integrándose eficazmente en el vasto sector energético norteamericano y dominando la logística del transporte de productos petrolíferos por camión, ferrocarril y, recientemente, con buques.

Algunos funcionarios estadounidenses empiezan a denominar a los buques que transportan combustible ilegal una nueva "flota oscura", un término que se asocia con mayor frecuencia al transporte ilícito de petróleo crudo ruso o iraní diseñado para evadir sanciones.

El contrabando de combustible crece tan rápido que las importaciones ilegales representan ahora hasta un tercio del mercado mexicano de diésel y gasolina, apropiándose de las ganancias de algunas de las empresas petroleras más importantes, informaron a Reuters cinco fuentes gubernamentales, tanto actuales como anteriores.

El combustible ilegal que ingresa al país está valorado en más de 20,000 millones de dólares al año, según una de las personas que ayudó al Gobierno de México a calcular la magnitud de este tráfico ilícito.

Las fuerzas del orden de ambos lados de la frontera están alarmadas. El Gobierno estadounidense ofrece recompensas de hasta 10 millones de dólares por información sobre delitos relacionados con el combustible de los cárteles.

En México, el contrabando de buques ha desatado un escándalo de corrupción que ahora sacude a la Secretaría de Marina del país, entidad que gestiona los puertos y que desde hace tiempo se considera una de las instituciones más confiables del país.

En una conferencia de prensa el 7 de septiembre, el secretario de Marina, Raymundo Morales, afirmó que la institución inició una investigación interna y que "por ningún motivo se tolerarerá la corrupción".

Para desentrañar los entresijos del contrabando de combustible a México –conocido localmente como huachicol fiscal–, Reuters entrevistó a más de 50 personas con conocimiento del asunto, entre ellas, cinco personas con experiencia en cargamentos ilícitos, agentes del orden mexicanos y estadounidenses, ejecutivos y exejecutivos de la industria petrolera en ambos países, así como comercializadores de productos petroleros y especialistas en cumplimiento normativo.

Muchas de estas personas hablaron bajo condición de anonimato por temor a su seguridad.

Reuters es la primera agencia en publicar un relato completo del viaje del Torm Agnes, desde su embarque en Canadá hasta su descarga en Ensenada y en otro puerto mexicano, del que se retiró apresuradamente.

El relato se basa en información de siete personas, todas ellas involucradas en la logística del traslado de la carga o que investigan las consecuencias del viaje, así como en datos de seguimiento de buques e imágenes satelitales, documentos internos de embarque, datos aduaneros y registros portuarios.

A través de esos documentos y fuentes, Reuters reconstruyó con detalles nunca antes reportados cómo funciona el supuesto esquema y cómo explota lagunas legales en el vasto y complejo sector energético de Estados Unidos, afectando a una serie de entidades, incluidas grandes petroleras, compañías navieras y agencias gubernamentales.

Según las autoridades, los cárteles cuentan con la ayuda de actores estadounidenses que facilitan la adquisición y el transporte de los productos, algunos sin saberlo, otros participando activamente. El senador estatal de Texas, Juan Hinojosa, dijo que su estado petrolero se convertió en un foco de operadores sospechosos.

"Los cárteles se han infiltrado en muchos negocios legítimos en la frontera y más al norte", agregó Hinojosa, un demócrata que en marzo impulsó una legislación que busca combatir los depósitos de combustible sin licencia cerca de la frontera, endurecer las regulaciones para los transportistas de combustible y aumentar las sanciones para quienes incumplen la ley. El proyecto de ley está estancado en el Senado de Texas, pero podría reactivarse en el futuro.

El esquema de contrabando de combustible se reduce en gran medida a una lucrativa evasión fiscal. México aplica un impuesto conocido como IEPS a varios productos, incluyendo el diésel y la gasolina importados.

México es un importante productor de petróleo crudo, pero importa estos combustibles porque sus antiguas refinerías no pueden satisfacer la demanda local. Los delincuentes evaden el impuesto, que se cobra por litro y que menudo es más del 50% del valor de la carga, declarando que el combustible extranjero es otro tipo de producto petrolífero exento del impuesto.

Funcionarios estadounidenses y mexicanos dicen que los contrabandistas generalmente usan empresas fantasma y documentos de carga falsificados para cubrir sus huellas, y pagan sobornos a funcionarios portuarios y aduaneros corruptos para que sus cargas pasen.

También descargan con prisa en lugares peligrosos, eludiendo las casi dos docenas de instalaciones marítimas de México habilitadas para la descarga segura de combustibles, según las autoridades y expertos de la industria. Esto permite a los contrabandistas entregar el combustible ilegal a sus clientes rápidamente, con mínima supervisión y regulaciones.

El diésel de contrabando se vende con descuento en el mercado mexicano a miles de gasolineras sin licencia, fábricas y minas. El producto del contrabando se destina principalmente a gasolineras sin marca.

Los cárteles también roban combustible y crudo directamente de Pemex y venden una parte en Estados Unidos, con la ayuda de importadores corruptos que están vendiendo a precios más bajos que los productores estadounidenses, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Pemex no respondió a una solicitud de comentarios sobre las pérdidas relacionadas con el robo y contrabando de combustible.

Otras compañías petroleras también están sufriendo las consecuencias. En mayo, la multinacional británica Shell confirmó la venta de su negocio minorista de combustibles en México. Esta salida se debió en parte a las dificultades para competir con el combustible narco, más económico, informaron a Reuters cinco fuentes de Shell. Las gasolineras compran combustible de contrabando con un descuento de entre el 5% y el 10% sobre el precio de las importaciones legítimas, según dos fuentes familiarizadas con el sector.

Shell se negó a comentar los motivos de la venta.

Torm Agnes transportaba diésel que había recogido en Canadá al iniciar su viaje a México, informaron a Reuters las siete fuentes familiarizadas. Para cuando el buque llegó a Ensenada, su carga se había transformado, por lo menos en los documentos, en un petroquímico usado para fabricar lubricantes industriales, según documentos de carga y registros portuarios revisados por la agencia de noticias.

Si ese diésel, con un valor aproximado de 12 millones de dólares, se hubiera declarado a las autoridades aduaneras, habría estado sujeto a casi siete millones de dólares en impuestos al ingresar a México, según un cálculo de Reuters basado en el volumen de diésel y la tasa impositiva vigente en ese momento. Sin embargo, el petroquímico estaba exento del gravamen.

Torm Agnes, con bandera danesa, fue uno de varios petroleros que en los últimos años transportaron combustible, pero declararon su carga como lubricantes para evadir impuestos y controles aduaneros, según un resumen sin fecha del presunto esquema de contrabando elaborado por las fuerzas de seguridad del Gobierno y al que tuvo acceso Reuters. La autenticidad del memorando fue confirmada por dos fuentes de seguridad.

El Gobierno de México no ha dicho cuánto le ha costado al país el contrabando de combustible en ingresos perdidos del IEPS, pero la fuente que solía ayudar al fisco a calcular el tamaño del comercio ilícito dijo que era de casi 4,000 millones de dólares en 2024. El PAN eleva la cifra aún más, en alrededor de 10,000 millones de dólares, calificándola "el mayor acto de corrupción en la historia de México."

Ni la autoridad fiscal de México ni su agencia aduanera respondieron a las solicitudes de comentarios.

En el centro de ese acuerdo se encontraba una empresa estadounidense: Ikon Midstream, comercializadora de combustible con sede en Houston. La empresa compró el diésel canadiense y contrató a Torm Agnes para que lo entregara a México, según cuatro de las personas y documentos internos de Ikon Midstream a los que tuvo acceso Reuters.

Además del envío a Ensenada, Ikon Midstream organizó al menos otras cuatro entregas marítimas de diésel a México este año, según supo Reuters.

Entre el 8 de enero y el 4 de marzo, la compañía usó un buque cisterna diferente de la misma flota, Torm Louise, en cuatro ocasiones distintas para transportar carga desde Texas hasta el Puerto de Tampico, en la costa del Golfo de México, según datos de seguimiento de buques cisterna y la naviera Torm, que gestiona los buques Torm Agnes y Torm Louise.

Torm dijo a Reuters que ambos buques estaban cargados con diésel. Añadió que Torm Louise, en tres de sus viajes, también transportó nafta. En México, los contrabandistas suelen usar este hidrocarburo altamente inflamable para fabricar gasolina de baja calidad.

Sin embargo, en declaraciones a la aduana mexicana, Ikon Midstream dijo que los cinco envíos eran "aditivos para lubricantes" no sujetos al IEPS, según registros portuarios mexicanos obtenidos por Reuters a través de solicitudes de transparencia.

El producto declarado en los conocimientos de embarque de exportación estadounidenses para dos de los envíos de Torm Louise también eran lubricantes, según Kpler, proveedor de datos marítimos con sede en Bruselas.

Reuters es el primer medio en informar que Ikon Midstream etiquetó estos envíos de diésel como lubricantes en las declaraciones aduaneras estadounidenses.

Kpler dijo que no pudo compartir los documentos fuente debido a acuerdos de confidencialidad con sus proveedores de datos.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), que conserva copias de estos documentos, rechazó inicialmente una solicitud de acceso a la información presentada por Reuters en junio para obtenerlos.

En octubre, la CBP declaró que la información solicitada por Reuters estaba disponible en manifiestos de carga físicos que debían solicitarse personalmente en cada puerto de exportación, un proceso que la agencia describió como "demasiado largo" y sujeto a nuevos retrasos.

Torm, en un correo electrónico del 5 de agosto, dijo que no era responsable ni estaba involucrado en los trámites aduaneros para los envíos. Todos los documentos que recibió de Ikon Midstream, agregó Torm, declaraban consistentemente que los productos transportados en sus buques eran "ULSD y/o nafta". ULSD es el acrónimo de la industria para diésel ultrabajo en azufre. Torm se negó a compartir con Reuters los documentos que afirmó haber recibido de Ikon Midstream, citando obligaciones contractuales.

"Con base en lo que ha salido a la luz, hemos decidido no seguir haciendo negocios con Ikon Midstream", dijo Torm sin dar más detalles en un correo electrónico a Reuters el 27 de agosto.

Torm rompió relaciones comerciales con Ikon Midstream a principios de abril y canceló dos contratos futuros con la compañía, dijo un portavoz de Torm en un correo electrónico posterior a la agencia de noticias el 5 de septiembre.

Como parte de los esfuerzos de Reuters para buscar comentarios de Ikon Midstream, un periodista visitó la sede de la compañía en Houston en agosto, pero fue rechazado por una persona que dijo que trabajaba para Ikon Midstream y dio su nombre solo como Daniel.

Kenagy, como muchos ejecutivos involucrados en el comercio petrolero mundial valorado en más de un billón de dólares, proyecta una imagen de éxito. A principios de este año, compró una mansión y terrenos en Houston valorados en más de 6 millones de dólares, según registros de propiedad locales. Su cuenta de Instagram está repleta de imágenes de autos deportivos, motocicletas exóticas y jets privados.

Él y su esposa, Janelle Alexis Flatt, aparecieron en un episodio de 2022 del reality show Below Deck Sailing Yacht, que narra la vida de los miembros de la tripulación a bordo de un barco de lujo y sus experiencias con los huéspedes que lo alquilan.

Flatt no respondió a las solicitudes de comentarios.

Kenagy también es un agente registrado de al menos media decena de empresas que ya no están operativas, incluidas de minería, construcción y entretenimiento, según muestran los registros comerciales de Texas.

En México, una empresa con sede en Monterrey llamada Intanza fue la receptora del cargamento de Torm Agnes, según registros portuarios mexicanos, así como una factura del envío de la empresa vista por la agencia de noticias.

Las autoridades mexicanas sospechan que Intanza es una empresa fachada del Cartel Jalisco Nueva Generación, según tres fuentes de seguridad mexicanas y un segundo documento sin fecha de las fuerzas de seguridad del Gobierno visto por Reuters que describe los vínculos del cartel con el contrabando de combustible.

Intanza no tiene sitio web ni presencia en las redes sociales que Reuters haya podido identificar. Una carta enviada por Reuters a la dirección de Monterrey que figura para Intanza en la factura no pudo ser entregada porque el servicio de mensajería no pudo encontrar presencia de la empresa allí.

El nombre de Intanza volvió a surgir después de que las autoridades mexicanas detuvieron a otro buque, Challenge Procyon, el 21 de marzo en el Puerto de Tampico, en Tamaulipas.

El 27 de marzo, Intanza presentó una demanda en un tribunal de Tamaulipas pidiendo a un juez que libere el cargamento, que, según afirmó, eran lubricantes y se incautaron injustamente; el juez rechazó la solicitud de Intanza.

El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, dijo en una publicación en redes sociales el 31 de marzo que se habían encontrado 10 millones de litros (unos 63,000 barriles) de diésel a bordo de Challenge Procyon.

El mes pasado, García Harfuch dijo que esa incautación era "una de las más grandes de la historia" al anunciar el arresto de 14 personas, incluidos ejecutivos de negocios, exfuncionarios de aduanas y funcionarios navales activos y retirados como parte de las investigaciones sobre Challenge Procyon y otros presuntos contrabandos de combustible. El Gobierno identificó a los detenidos solo por sus nombres de pila, como es costumbre en México.

La Secretaría de Marina y la Procuraduría General de la República dijeron que no podían comentar sobre las investigaciones en curso y remitieron a Reuters declaraciones públicas sobre el tema. La Secretaría de Seguridad no respondió a una solicitud de comentarios.

Ramiro Rocha, que figura como representante legal de Intanza en el Registro Público de Comercio de México, dijo que no tiene ninguna relación con la empresa y que pudo ser víctima de robo de identidad.