EL 98% DE LOS ASESINATOS QUEDAN EN LA IMPUNIDAD EN MÉXICO

México es una de las naciones más peligrosas para las personas defensoras de los derechos humanos. En la lucha por frenar esta problemática, organizaciones manifiestan su aprobación al nuevo Protocolo Homologado Especializado para la investigación de delitos cometidos contra quienes ejercen dicha labor, sobre todo porque en la última década se han registrado más de 180 víctimas.

De 2016 a 2025, al menos 184 personas defensoras de los derechos humanos fueron asesinadas en México por una posible relación con su legítima labor y la mayoría de los casos permanecen en la impunidad, de acuerdo con la organización Espacio OSC, encargada de monitorear y proponer reformas y mejoras a la actual política de protección en México para personas defensoras y periodistas.

Al respecto, Mario Cardoso, asesor de Espacio OSC, informa en entrevista para Reporte Índigo sobre la importancia de este reciente avance para mejorar las herramientas de las víctimas defensoras.

“Hace unos días en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia se aprobó el protocolo homologado. Esa herramienta es muy importante, derivado de los altos índices de impunidad que persisten en México en contra de los delitos y agresiones cometidos contra personas defensoras de los derechos humanos, ya que la impunidad es de alrededor del 98 por ciento de los casos, es decir, que estos delitos no se investigan o se investigan de manera idónea y adecuada”, apunta.

Al mismo tiempo, expone que el protocolo vendría a ser un primer paso, ya que es una herramienta que no va a cambiar la realidad de manera inmediata, pero sí va a colocar un piso mínimo para que todas las fiscalías adopten estándares y buenas prácticas en materia de investigación y, de esa manera, se dé un impulso para reducir esta alta tasa de impunidad que persiste hasta la fecha.

Lo expuesto es fundamental para tratar una problemática que incluso ha alertado a escala internacional, ya que en el documento “México: Persisten desafíos para garantizar un entorno seguro para la defensa de los derechos humanos”, la Organización de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos (ONU-DH) lanzó una advertencia, en abril de este año, sobre la compleja situación de seguridad que viven las personas que se dedican a esta labor en el país.

"El gobierno ha tomado algunas medidas para hacer frente a este fenómeno, pero si bien se reconocen avances, estos continúan enfrentando desafíos estructurales”, ha manifestado Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la ONU.

La situación en el país para las personas defensoras de derechos humanos es tal que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó que México se ha posicionado como la tercera nación del mundo con más asesinatos, de acuerdo con el informe Global Analysis 2022, ya que registró 45 víctimas, mientras que Colombia tuvo 186 personas y Ucrania alrededor de 50 víctimas.

Al mismo tiempo, informa que en el Tercer Informe sobre la Situación de Personas Defensoras de Derechos Humanos en las Américas se expone que la CIDH ha detectado una situación alarmante, ya que en alrededor del 43 por ciento de los casos la responsabilidad de las agresiones recae presuntamente en funcionarios públicos, mientras que en 33.5 por ciento corresponde a la delincuencia organizada y en 23.4 por ciento a personas desconocidas.

Por otro lado, la organización internacional Human Rights Watch también señala que México es uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de derechos humanos, al argumentar que, por ejemplo, en los primeros seis meses de 2022, 12 defensores de derechos humanos fueron asesinados.

A pesar de que se aprobó el protocolo homologado y de que es una herramienta importante para hacer justicia a los defensores de derechos humanos que han sido víctimas, el representante de Espacio OSC recuerda que las organizaciones hacen un llamado al Gobierno federal para reforzar las acciones de protección y justicia.

La organización señala que, ante la violencia y la ausencia de acciones sustantivas frente a la protección de personas defensoras de derechos humanos en el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, hacen un llamado urgente para fortalecer el mecanismo y diseñar una política pública integral de protección.

Desde 2024, al menos 60 personas defensoras y 17 periodistas han sido asesinadas en México. En ese mismo periodo, el Mecanismo de Protección Federal, de la Secretaría de Gobernación, ha recibido 409 solicitudes de protección: 289 fueron inadmitidas, el 70.66 por ciento.

“Estas barreras dejan desprotegidas a personas solicitantes y beneficiarias; algunas incluso han perdido la vida con medidas o a la espera de incorporación”, concluye Cardoso.