DIPUTADA DE MORENA CUESTIONA DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS Y PIDE AUDITORÍA AL PROCESO

En una conferencia de prensa, la diputada federal Adela Ramos Juárez, integrante de la Comisión de Educación y miembro de Morena, expresó su desacuerdo con la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos en las escuelas. En su posición, la diputada solicitó una auditoría al proceso de elaboración de los libros y pidió al gobierno federal detener la distribución hasta que se resuelvan las condiciones favorables y legales del proceso.

Ramos Juárez, quien también es maestra de educación básica, declaró que se suma a las voces de inconformidad provenientes de maestros, padres de familia, expertos en educación y la sociedad en general. Enfatizó en la importancia de que la educación sea laica, gratuita y obligatoria, y argumentó que se deben revisar a fondo los nuevos libros de texto sin justificaciones burdas para los errores detectados.

La diputada mencionó que ha solicitado una auditoría para esclarecer los gastos relacionados con la elaboración de los libros de texto gratuitos y para identificar a los responsables de cada contenido. Esto se debe a que la Secretaría de Educación Pública (SEP) reservó la información del proceso por cinco años. También señaló la opacidad en torno a las asambleas realizadas para la consulta sobre la reforma a los planes de estudio.

El diputado Reginaldo Sandoval del Partido del Trabajo (PT) expresó su apoyo a la distribución de los libros y sugirió que los legisladores de Morena y PT podrían repartirlos personalmente en estados que se han opuesto a su uso, como Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, Nuevo León y Chihuahua. Aunque la Suprema Corte de Justicia emitió una medida provisional en relación con el tema, Sandoval enfatizó que los libros estarán en las escuelas para el inicio del ciclo escolar el 28 de agosto.

Por su parte, Flora Tania Cruz Santos, también miembro de Morena y presidenta de la Comisión de Educación, argumentó que las críticas a los libros de texto provienen de la industria editorial privada, cuyos intereses económicos se han visto afectados por la decisión de imprimir los libros al 100% a través de la Conaliteg en lugar de la adquisición por parte de la Cámara de Diputados.

La discusión en torno a la distribución de los libros de texto gratuitos continúa mientras legisladores y expertos buscan resolver las discrepancias y asegurar una educación de calidad para los estudiantes.