DELITOS AMBIENTALES SON PROVOCADOS POR LA MEGAOBRAS DE LA 4T

Las obras emblemáticas del presidente Andrés Manuel López Obrador incurren en diversos delitos ambientales, coincidieron especialistas que participaron en la sexta sesión del Consejo de Crisis Climática de la Organización Editorial Mexicana (OEM).

Gustavo Alanís, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), puso como ejemplo el caso de la refinería de Dos Bocas que será inaugurada el próximo 2 de julio, en la que se pueden configurar dos delitos tipificados en el Código Penal Federal, ya que los trabajos iniciaron sin autorizaciones en materia de impacto ambiental ni de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.

El primero es la violación al artículo 418, que impone de seis meses a nueve años de prisión, y el equivalente de 100 a tres mil días de multa, a quien ilícitamente desmonte o destruya la vegetación natural y también a quien cambie el uso de suelo forestal. “Eso aplica para Dos Bocas y aplica para el tramo 5 del Tren Maya”, consideró el abogado especializado en derecho ambiental.

El otro tiene que ver con el artículo 420 Bis, que aplica las mismas penas a quien dañe, deseque o rellene humedales, manglares, lagunas, esteros o pantanos. “En Dos Bocas, bajita la mano, tiraron 80 hectáreas de manglar sin autorización alguna. Fueron más, fueron como 250 al final, pero inicialmente fueron 80, reconocido por la propia Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA)”.

Sandra Guzmán, especialista en financiamiento climático y consejera permanente de la OEM, coincidió en que las megaobras del sexenio conllevan diversos delitos al ambiente, aunque no se les quiera ver así.

“Tenemos proyectos como la refinería (Dos Bocas), como el Tren Maya, que son proyectos que, si los vemos desde el punto de vista de la definición de delitos ambientales, son delitos ambientales, y sin embargo no los estamos tratando como tal”, externó.

Sobre el tema, el activista socioambiental y también consejero permanente, Francisco Ayala, consideró que estamos ante una estructura de poder que ha mercantilizado a la naturaleza. “Hemos hecho que todos los recursos naturales, plantas, animales, estén al servicio de los hombres y eso ha hecho como consecuencia que quien tiene la capacidad para extraerlo, para controlarlo, pues adquiere poder”.

Alanís agregó que ante el incumplimiento y la impunidad con la que avanzan estas obras, instituciones como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) son omisas en investigar los posibles delitos ambientales. La Profepa, dijo, “está completamente muerta, completamente omisa, respondiendo a los intereses del presidente (López Obrador)”.

“La autoridad ambiental se está volviendo cómplice de las irregularidades que son evidentes a todas luces en estos proyectos y además es una práctica común: es el aeropuerto Felipe Ángeles, es la refinería, es el Tren Maya, es el Corredor Transístmico”.