DEFENSORES MEDIOAMBIENTALES: LUCHAR ENTRE LA VIOLENCIA Y LA IMPUNIDAD

En los últimos cinco años, al menos 177 personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas en México, de acuerdo con un recuento de la organización civil Front Line Defenders. Esto coloca al país como el segundo a nivel mundial, por debajo únicamente de Colombia, con más ejecuciones extrajudiciales de activistas por los derechos humanos.

El caso más reciente fue el del defensor medioambiental Eustacio Alcalá Díaz. Tras ser desaparecido el 1 de abril de 2023, su cuerpo sin vida fue encontrado tres días después. Era activista de la comunidad San Juan Huitzontla, en la Sierra Costa del estado de Michoacán, y trabajó en la defensa de su territorio ante la explotación de una minera.

Lejos de disminuir las agresiones contra las personas defensoras de derechos humanos, sobre todo de quienes protegen el medio ambiente, éstas han aumentado en el país. En 2021, Front Line Defenders documentó 42 ejecuciones y el año pasado, 45. La causa principal, señalan especialistas, es la impunidad. En ningún caso se ha llevado ante la justicia a todos los responsables de los asesinatos.

“México, desafortunadamente, es uno de los países más letales y esto lleva sucediendo muchos años. Nos habla de una situación estructural de violencia hacia personas defensoras que se está agravando por una cuestión de impunidad”, apunta Sandra Patargo, coordinadora de Protección para las Américas de dicha organización que se dedica a la defensa de los derechos humanos.

Las personas defensoras de derechos humanos están en mayor riesgo en México por la coexistencia de diversos factores. Son asediadas por grupos armados, políticos y hasta por empresas, explican. Esto dificulta que las denuncias por amenazas progresen, debido a que a veces las fiscalías están coludidas con integrantes del crimen organizado o con personas con intereses económicos, advierten especialistas en derechos humanos.

Las personas defensoras que enfrentan más violencia en su contra son aquellas que se oponen a megaproyectos, que defienden bosques, el agua, el territorio o la autonomía de pueblos indígenas. Aunque es una tendencia a nivel regional, México sobresale con más casos de agresiones a personas defensoras por esas causas.