DE NUEVO LA POLÉMICA ANTE LA SEPARACIÓN DE FAMILIAS POR DEPORTACIONES

En el pasado cuatrienio del político republicano vimos escenas de menores de edad en jaulas, como si fuera un espectáculo su dolor. Conocimos historias de separación familiar y aprendimos que la población más vulnerable ante el fenómeno de la migración son, justamente, las infancias.

Además de la separación familiar, estas niñas y niños enfrentan riesgos graves como la trata, la desaparición forzada y la explotación, mientras carecen de un retorno seguro y un plan de restitución de derechos.

Los decretos emitidos por Trump contra la población migrante violan sistemáticamente los derechos humanos, son discriminatorios y van en sentido contrario del artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y de la Convención sobre los Derechos del Niño, que obligan a los Estados a garantizar medidas de protección reforzada para niñas, niños y adolescentes en contextos migratorios.

La problemática de por sí ya es grave y podría agravarse más. Tan solo en 2024, Estados Unidos deportó a 28 mil 270 niñas, niños y adolescentes mexicanos, solos o en compañía de sus familias. Esta es la cifra más alta desde 2008, cuando hubo 34 mil 083 casos, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.

De los 28 mil 270 niños y adolescentes mexicanos retornados, 16 mil 303 tienen entre 12 y 17 años, y 1 mil 967, entre 0 y 11 años. De este último grupo, 11 mil 813 viajaron acompañados y 154, solos.

En esta situación no solo están las infancias mexicanas, sino también miles de niñas y niños de Centro y Sudamérica que buscan llegar a Estados Unidos, ya sea solos o acompañados.

De enero a agosto de 2024, el Estado mexicano registró el tránsito de 113 mil 542 migrantes menores de edad, es decir, entre 0 y 17 años, lo que significó un incremento de 78.6 por ciento respecto a 2023, cuando se reportaron 63 mil 570 casos.

Ante la embestida antimigrante de Donald Trump, deberían existir protocolos bilaterales que protejan a las infancias migrantes, pero no existen.

En México, desde hace cuatro años se ordenó que los menores de edad deportados no podían permanecer en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) y debían ser canalizados inmediatamente al DIF. Sin embargo, por la falta de presupuesto y la saturación de los servicios, todo quedó en buenos deseos.

Además del DIF y las autoridades estatales, en este protocolo también debería participar el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).

Al respecto, el coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina, Juan Martín Pérez García, revela que el escenario es crítico, ya que, a diferencia del mandato pasado de Trump, ahora el control territorial de los grupos del crimen organizado es mayor.

Es por eso que, además de la saturación de los albergues y la incapacidad de las autoridades locales y organizaciones civiles, las infancias migrantes enfrentan riesgos como ser explotadas sexualmente, extorsionadas o reclutadas por los grupos del crimen organizado.

Ante esta situación, Pérez García le pide al Estado mexicano no minimizar la crisis migratoria que se avecina y reconocer el impacto que tendrán los recortes presupuestales en el sector salud, educación y en el mismo Instituto Nacional de Migración.

“El Estado mexicano no ha asignado recursos suficientes al DIF y a los gobiernos estatales para garantizar la protección efectiva, ante el evidente desbordamiento de la capacidad instalada en las fronteras, incumpliendo con las reformas migratorias aprobadas en 2020”, señala el especialista.

Además, subraya que es crucial reconocer el impacto psicosocial que enfrentan las niñas y niños migrantes. Muchos carecen de acceso a refugios adecuados, atención psicológica y apoyo jurídico, mientras enfrentan altos niveles de estrés, incertidumbre y amenazas del crimen organizado.

Finalmente, el especialista comenta que esta crisis también podría representar una oportunidad para México.