DE ESTÁ FORMA ACTUARON LOS GRUPOS CRIMINALES EN COLOMBIA PARA RECLUTAR NIÑOS

En Colombia, los grupos armados siguen siendo una sombra detrás de la lucha para alcanzar una paz total, escabulléndose dentro de la sociedad hasta llegar a las infancias.

Según un reciente informe de Human Rights Watch, los grupos armados siguen vigentes en el país sudamericano con el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes; una actividad que se incrementó “ante la falta de una respuesta eficaz por parte del Gobierno”.

Según un análisis de datos de la Defensoría del Pueblo realizado por Human Rights Watch, al menos mil 500 niños, niñas y adolescentes han sido reclutados desde 2021. Aunque no se cuenta con datos exhaustivos, las cifras oficiales disponibles apuntan a un fuerte aumento de los casos desde 2023.

En el informe “‘Pensé que nunca volvería a ver a mi mamá’: Reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados en Colombia” se detalla que los grupos armados disidentes de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia están detrás de la gran mayoría de los casos denunciados, y más de la mitad de ellos se concentran en el Cauca, un departamento del suroeste del país.

El doctor Fernando Neira Orjuela, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México, coincide en que este fenómeno se da en zonas marginadas, como la zona de la Amazonía, donde el control territorial y la expansión criminal ha sido histórica, “entornos en donde ha estado instaurada históricamente tanto la guerrilla como los grupos paramilitares y los narcotraficantes”.

“Al Gobierno pareciera que tampoco le importa su situación, lo que allí ocurre, y eso favorece obviamente el tema de los actores armados que sacan provecho de eso”, dice.

Explica que el reclutamiento de infancias es, “lamentablemente”, una práctica que ha venido ocurriendo casi desde el proceso de violencia en Colombia en los años 50, y para la década de los 60, se convirtió en una práctica más consolidada, lo que se fue agravando cuando emergieron los grupos de autodefensa y paramilitares en los 90.

Los niños y niñasindígenas representan casi la mitad de todos los casos documentados, a pesar de que los pueblos indígenas constituyen apenas el cuatro por ciento de la población de Colombia.

Más del 30 % de los infantes reclutados tenían entre 10 y 14 años, cuyo reclutamiento podría considerarse un crimen de guerra según el derecho internacional.

Los grupos armados se aprovechan de la situación de pobreza, exclusión social, violencia doméstica y barreras a la educación de los infantes para ser reclutados. Los niños y niñas también son reclutados a través de intermediarios y reclutadores civiles a quienes les pagan hasta mil dólares por cada infante.

En algunas ocasiones, el reclutamiento ha tenido lugar en escuelas rurales, incluyendo residencias escolares.

Los grupos armados también han aprovechado las redes sociales para glorificar la vida en sus filas, publicar ofertas de trabajo que son, en esencia, “artimañas destinadas al reclutamiento”, y contactar a niños y niñas a través de foros de chat públicos y servicios de mensajería privada.

“Estas plataformas no han sido efectivas detectando ni eliminando dicho contenido, y tampoco han prevenido adecuadamente su difusión. En algunos casos, sus algoritmos parecían promover estas publicaciones, lo que muy probablemente amplió considerablemente el alcance de los grupos armados”, se lee en el informe.

Una vez recluidos, en algunos casos los infantes reciben entrenamiento militar. En otros, son utilizados para recopilar información, servir como mensajeros, brindar atención médica, vigilar a rehenes, participar en actividades de tráfico de drogas o como guardaespaldas de los comandantes. Las niñas están particularmente expuestas a violencia sexual.

Si bien el Ejecutivo colombiano ha implementado programas y políticas públicas para proteger a las infancias ante el riesgo de ser reclutadas por grupos armados, Human Rights Watch catalogó dichas medidas con “graves deficiencias”, con “alcance limitado” y de no lograr “hacer frente a la magnitud creciente del problema”.

Se puntualiza que los esfuerzos del Gobierno por la recuperación y reintegración de los niños y niñas desvinculados no se han adaptado a las nuevas realidades de la violencia en Colombia y dan un trato desigual a los niños y niñas según la naturaleza del grupo armado que los victimiza.

“Es un fenómeno donde la gran responsabilidad la tiene el Estado, porque las personas que son incorporadas proceden de estratos muy bajos de sectores empobrecidos, sectores que a lo largo y ancho del territorio históricamente han sido marginados del desarrollo del país (...) Claro que es responsabilidad del Estado porque debió prever mecanismos de inversión económica y social en estos contextos.

Agrega que los representantes políticos solo llegan a estos contextos sociales cuando les interesa el tema de votos y una vez el frente del país los olvidan porque su atención implicaría grandes capitales de recursos económicos, lo que también se prevé va a ocurrir en la actual administración.

Lo que se esperaría, agrega el investigador, es el incremento de políticas públicas, programas que garanticen el acceso a la educación que no solo es un derecho del Estado sino una obligación. Asimismo, el Ejecutivo debe apostar actividades recreativas del deporte y las artes en zonas donde los jóvenes no tienen esas oportunidades.

“Realmente es un problema muy delicado porque estamos perdiendo generaciones de muchachos. No hemos logrado crear una política pública local, regional, nacional, que incorpore a estos jóvenes al aparato educativo, laboral, que les facilite las condiciones para insertarse en las artes o al deporte.

“Es triste, porque en nuestro país, o en los países de América Latina, eso que es tan fundamental para formar a nuevas generaciones se le invierta tan poco: a la educación y a la cultura, que los gobiernos consideran que es una pérdida de dinero y que no tienen políticamente beneficios de forma inmediata (...) Y mientras el Estado no lo entienda, vamos a seguir viendo estos informes”, puntualiza el doctor.