CUITLÁHUAC GARCÍA DESVÍO RECURSOS A EMPRESAS FANTASMA

Entre 2020 y 2023, la administración del gobernador de Veracruz usó a beneficiarios de programas sociales del gobierno de López Obrador para crear una red de empresas fantasma a las que se les otorgaron contratos millonarios en obras públicas sin que fueran realizadas; en la mayoría de los casos, los supuestos empresarios son jóvenes o adultos mayores que desconocían que las compañías que ayudaron a constituir recibían millones de pesos.

El gobierno de Cuitláhuac García en Veracruz copió el mismo mecanismo que, hace seis años, empleaba el priista Javier Duarte para desviar recursos públicos y que lo llevó a la cárcel: contactan a personas de escasos recursos y los engañan para que firmen los papeles necesarios que les permitan crear empresas fantasma; luego les dan contratos millonarios para obras de educación, salud e infraestructura y los recursos desaparecen, porque las obras no se hacen.

Igual que Duarte, la administración de Morena enlistó como empresarios a personas que viven en zonas marginales del estado. Esta vez no eran promotores del voto, como hacía el PRI, sino eligieron a beneficiarios de los programas sociales del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador: Adultos Mayores, Jóvenes Construyendo el Futuro, Apoyo al Empleo, Becas y Microcréditos para el Bienestar.

Nuevamente, las instituciones que debían atender a los más pobres son las que entregaron los contratos que consistían en mejorar la infraestructura sanitaria en las escuelas, construir “aulas didácticas” o pavimentar calles en algunas de las localidades más marginadas del estado, donde ni siquiera tienen servicio de drenaje y todo es terracería, como se pudo comprobar en la visita a los lugares. 

Entre 2020 y 2023, en la administración de Cuitláhuac García, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, el Instituto de Espacios Educativos, el DIF estatal, la Secretaría de Salud y hasta la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz entregaron al menos 439 millones de pesos a cuatro empresas creadas poco antes de recibir los contratos y cuyos propietarios son, en realidad, beneficiarios de programas sociales y también a siete jóvenes que supuestamente contrataron, aun cuando tienen entre 20 y 28 años de edad y también son beneficiarios, y no empresarios.

Todos los recursos entregados en estos contratos provienen de los recursos federales que entregan a los estados a través del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), del Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos Regiones Marítimas. 

También del programa Escuelas al Cien, creado por la administración de López Obrador, mediante el cual se entrega dinero supuestamente a los padres de familia para mejorar la infraestructura de las escuelas. A nivel federal, la misma Secretaría de Educación Pública ha reconocido que no tiene ninguna prueba de cómo se gastaron los 23 mil millones de pesos destinados a ese programa en todo el país,