CUAUHTÉMOC BLANCO UN GOBIERNO CORRUPTO QUE PAGÓ MILLONES DE PESOS A EMPRESAS LIGADAS A MORENA

El gobierno de Cuauhtémoc Blanco en Morelos entregó 323 millones de pesos a una red de tres empresas integradas por socios del consejero estatal de Morena, Joan Christian Carmona Barón, para la compra de medicinas y servicios a hospitales, pero los contratos no se cumplieron.

Esto afectó a pacientes de 238 clínicas y hospitales del estado que no recibieron antibióticos, oncológicos, ni los servicios de anestesia indispensables para realizarles cirugías. Tampoco hubo mantenimiento ni reparación para las máquinas de Rayos X, incubadoras, ventiladores y desfibriladores para el corazón.

El monto desviado es sólo una muestra. Las tres empresas que incumplieron servicios recibieron 20 contratos del gobierno de Blanco por hasta 1 mil 161 millones de pesos entre 2022 y 2023, según consta en los documentos oficiales.

Se confirmó que las empresas beneficiadas, Santek Health S.A. de C.V., Comercializadora Manhos S.A. de C.V. y C&M Distribuidora de Medicamentos y Material de Curación S.A., conforman una red en la que las mismas personas tienen cargos o acciones en ellas.

Además, tres de sus integrantes han sido accionistas y representantes legales de Farmacéutica Medikamenta S.A. de C.V., propiedad de Joan Christian Carmona Barón, precandidato a una diputación federal en 2023 por Morena, y quien como consejero pudo participar en la elaboración del proyecto político del partido en la entidad.

Carmona Barón es primo hermano de Héctor Barón Olivares, exdirector de Servicios de Salud de Morelos, quien firmó 11 de los 20 contratos entregados a las tres empresas de la red, como confirman los documentos y actas de nacimiento obtenidas por este medio.

También es dueño de tres empresas de verificentros junto con José Ceja Vega, antiguo socio de Cuauhtémoc en Blanco Sport S.A. de C.V., una proveedora de alimentos y bebidas constituida en 2003. En ella figuraba como apoderado legal Edgar Riou Pérez, quien luego fue secretario particular del exfutbolista en la gubernatura de Morelos.

Aunque Carmona Barón no ocupaba un cargo público, fuentes que pidieron anonimato lo señalan como un “operador” del mandatario. Gerardo Becerra Chávez Hita, asesor Anticorrupción y exdirector de Análisis Estratégico de Morelos, atestiguó que se reunían en su oficina en Palacio de Gobierno para hablar de temas del sector salud.

“Yo lo vi unas dos o tres veces (en la oficina de Blanco). Pensé que era asesor en salud pública del gobierno porque sabía que Christian era representante de la farmacéutica Nadro en Morelos”, dijo Becerra Chávez sobre las reuniones que ocurrieron en 2019, cuando la red de empresas se empezó a constituir.

Respecto a los servicios que las empresas debían cumplir, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó los almacenes de los hospitales de Morelos, entrevistó al personal y verificó documentos, con lo cual comprobó el incumplimiento en al menos cinco contratos por medicinas y servicios médicos. Aún así, el gobierno de Blanco les pagó 323 millones de pesos.

Aunque la Auditoría ocultó los nombres de las compañías en sus reportes, Animal Político obtuvo los contratos y confirmó que se trata de esta red de empresas que comenzaron a recibir contratos entre cinco y ocho meses después de ser constituidas, en algunos casos con irregularidades, como simulación de competencia o que no se dedicaran a los servicios contratados.

Por ejemplo, Santek Health se dedicaba a la sanitización de inmuebles e importación de productos, pero en 2022 ganó contratos para dar servicios de laparoscopía y endoscopía, cirugías de mínima invasión para detectar incluso tumores en el aparato digestivo.

Las medicinas y servicios debían llegar a clínicas comunitarias de los municipios con mayor pobreza, como Coatetelco o Xoxotla; Hospitales Generales, como el de Cuernavaca o Jojutla, y de especialidades, como el Hospital del Niño Morelense, de la Mujer de Yautepec, o la Unidad Médica Especializada de Hemodiálisis.

Los recursos que recibió esta red de empresas provenían del gobierno federal, a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y de la compra consolidada que hizo el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), institución que sustituyó al Seguro Popular, programa transexenal eliminado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador al acusar supuesta corrupción.

Tres personas que han formado parte de Farmacéutica Medikamenta S.A. de C.V., propiedad de Joan Christian Carmona Barón, también han estado en las empresas Santek Health, Comercializadora Manhos y C&M Distribuidora de Medicamentos, la red que recibió los contratos del gobierno de Blanco.

Una de ellas es Josefina Mayela Márquez Salcedo, socia directa de Carmona Barón. Ambos constituyeron Farmacéutica Medikamenta en febrero de 2018 y en enero de 2020 crearon la empresa Dirección y Administración de Salud. También fue representante legal de C&M Distribuidora de Medicamentos, según consta en el padrón de proveedores del 2024 de la Secretaría de Salud del estado de Guerrero.

En tanto, Yomalli Bahena Campos firmó como representante de Medikamenta en un proceso de contratación de Chihuahua en 2022, y aparece como accionista de Comercializadora Manhos. En 2023 se enlistó como representante legal de la misma en el padrón de proveedores de Chihuahua, registrando como contacto un correo de Santek Health.

Otro vínculo es Óscar Velazco Arce, accionista de Santek Health hasta 2024, y quien firmó como apoderado legal de Farmacéutica Medikamenta en un contrato con el Instituto Chihuahuense de Salud en 2022.

Mientras que Edgar Omar García Díaz, apoderado legal para actos de administración de Santek Health y Comercializadora Manhos desde 2024, se registró en el padrón de proveedores de Chihuahua en 2024 y 2025 como representante de Comercializadora Manhos con un correo de Santek Health.