CON SHEINBAUM SE ACABARON LOS ABRAZOS Y EMPEZARON LOS ARRESTADOS

Con el aseguramiento de 34,690 personas en el primer año del sexenio, el ritmo de capturas es el más alto de las últimas cuatro administraciones, solo se compara con el gobierno de Felipe Calderón.

Como parte del viraje en la estrategia de seguridad pública, pero también por presiones del gobierno de Donald Trump para dar resultados en el combate a cárteles del narcotráfico, la administración de la presidenta Sheinbaum aceleró las detenciones, y al arranque de su sexenio suman el mayor número de detenidos en los últimos cuatro gobiernos.

Así, las detenciones realizadas de octubre de 2024 a septiembre de 2025 implicaron un aumento de 120% con respecto a los 15,706 que registró el expresidente Andrés Manuel López Obrador en sus primeros 12 meses de gobierno.

Por día, la administración de la presidenta Sheinbaum detuvo a 95 personas en dicho periodo, mientras que la de su antecesor promedió 43.

Pero el incremento es mayor si se compara con las 39,756 detenciones de presuntos delincuentes que se hicieron en todo el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Es decir que, en un año, el gobierno de Sheinbaum detuvo al 87% de los presuntos delincuentes que sumó el sexenio completo del político priista.

El ritmo de detenciones solo es similar, aunque más alto, al registrado en el gobierno de Felipe Calderón.

Con el panista se reportó el aseguramiento de 190,543 presuntos delincuentes en todo el sexenio, lo que en promedio representó 31,757 al año.

Una de las razones del incremento en las detenciones de presuntos delincuentes es que el gobierno de la presidenta Sheinbaum dio un giro a la estrategia de seguridad: pasó de los “abrazos, no balazos” de López Obrador a un ataque frontal, lo que implicó más aseguramientos.

Miguel Garza, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE), explica que aunque varias detenciones pueden ser producto de trabajos de inteligencia, no necesariamente tienen un impacto en la reducción de la violencia.

“Deja de estar en circulación un número importante de generadores de violencia, por lo que temporalmente podría bajar la violencia, pero también puede ocurrir que, como se reemplazan los liderazgos en las bandas criminales, se reemplazan de formas cada vez más violenta", señala.

"Entonces, pues podría ser un efecto adverso, que empezaran a notarse más casos de violencia u homicidios con más violencia, o sea, con rasgos más violentos”, refiere el experto en seguridad.

Garza sostiene que más allá de la cifra de detenciones, el gobierno debería informar cuántas de esas personas siguen en prisión y cuál es su estatus legal, pues de otra forma, todo se queda en cifras llamativas.

“Faltaría complementar con información acerca de cada una de esas detenciones ¿Qué ha pasado? Porque puede haber 35,000 detenciones casi, pero qué pasó en el momento de la puesta a disposición en la sede ministerial", cuestiona.

"Es decir, de esas, cuántas se presentaron a control de detención. Y en cuántas de esas la Fiscalía formuló imputación, el juez la decreta legal y se formó la imputación, y cuántas de esas se encuentran en etapa de ampliar la investigación y se quedaron en prisión preventiva oficiosa”.

En su primer informe de gobierno, la presidenta reportó una disminución de 32% de los homicidios dolosos, al pasar de 87 casos diarios en septiembre de 2024 a 59 en el mismo mes de 2025.

Armando Vargas, coordinador en seguridad de la organización México Evalúa, plantea que el aceleramiento en las detenciones se debe a las presiones que, desde enero, impuso el gobierno de Donald Trump a México.

“Todos estos decomisos, detenciones y todo lo que tiene que ver con este debilitamiento operativo del crimen organizado, entendido como la desarticulación de sus activos para la producción y tráfico de drogas y otros mercados ilícitos, es una estrategia que busca atenuar las presiones de Estados Unidos”, considera.

En las casi 100 detenciones que, por día, realizó el gobierno de Sheinbaum en su primer añó, están generadores de violencia, pero también autoridades municipales e integrantes de la Marina, estos últimos vinculados a una red de huachicol fiscal.