BUSCANDO FRENAR ATAQUES CON ÁCIDO, AVANZA LA LEY MALENA

A pesar de algunas resistencias en los Congreso locales, la llamada Ley Malena ha sido aprobada en 13 estados y se espera su próxima discusión en tres más. Esta ley se verbalizó con un nombre propio, el de María Elena Ríos, quien sufrió un intento de feminicidio cuando le arrojaron ácido en 2019.

Su familia y amigos le dicen Male o Malena y para ella, que esta ley lleve su nombre es un recordatorio de quién es, de su historia.

“Para mi esta ley es resignificar lo que soy ya, que en el camino de la búsqueda de justicia, de rogar justicia, se te olvida quién eres y te pierdes por las mismas etiquetas que te imponen como ‘la saxofonista quemada con ácido’, ‘la quemada’, ‘la que quemaron con ácido’, pero soy María Elena Ríos, soy Malena”, afirma.

El objetivo de esta ley es reformar la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal para considerar la violencia ácida como tentativa de feminicidio y mayores penas para los agresores, que van de los 25 a los 40 años de prisión.

La Ley Malena considera no sólo los ataques con ácido, sino también otros agentes químicos como cloro, gasolina, aceite caliente, alcohol, fertilizantes y otras sustancias corrosivas o inflamables.

Su lucha por lograr estos cambios legislativos no los ha hecho sola, otras víctimas de la violencia ácida también los han impulsado: Carmen Sánchez, Esmeralda Millán, Elisa Xolalpa, Ana Saldaña, María López, Leslie Moreno, Gloria Hernández, Yazmín Hernández, por nombrar a algunas.

En casi todos los casos la impunidad y la falta de justicia prevalecen, aunque en 2023 Carmen Sánchez logró una sentencia histórica de 46 años de prisión contra su agresor, aunque ésta ocurrió nueve años después de que le arrojaran ácido.

La sentencia fue por el delito de feminicidio en grado de tentativa y es la primera en su tipo en México y América Latina. Carmen la describió como una pena histórica que deberá ser tomada de referente por jueces y juezas para castigar estos crímenes de extrema violencia.

La primera denuncia por violencia ácida de la que se tiene registro la interpuso María López, una mujer que sobrevivió a una tentativa de feminicidio en 1988 en la Ciudad de México.

Los Congresos que han aprobado la Ley Malena

La Ley Malena ha avanzado en Puebla, Oaxaca, Ciudad de México, Baja California, Guerrero, Colima, Veracruz, Campeche, Quintana Roo, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León y Sinaloa, que han tipificado estas agresiones bajo la figura de violencia ácida.

En Morelos, Baja California Sur, Durango y Zacatecas se espera que a inicios del 2025 se discuta y vote la iniciativa de reforma. En el resto de los estados todavía no se describen sanciones o penas específicas para este delito en el Código Penal.

De acuerdo con María Elena Ríos, la falta de tipificación de los ataques con ácido impide que las mujeres sobrevivientes obtengan justicia y reparación del daño, y que los agresores sean sancionados.

Para la activista, uno de los pendientes es su aprobación en el resto de los estados, la reforma a nivel federal y que en algunas legislaciones se incluya a las mujeres trans, quienes también son víctimas de este delito, e incluso, que se estipulen sanciones para los funcionarios que obstaculicen la justicia. Para ella es muy importante que cada Congreso local la adapte de acuerdo con sus contextos y a su carácter cultural, por ejemplo, en Oaxaca ya hay pláticas de que también se reforme a favor de mujeres diversas como las muxes.

Esta ley protege a grupos vulnerables como mujeres e infancias, adultas mayores y mujeres con alguna discapacidad. En su elaboración participaron algunas víctimas, médicos, personal de las fiscalías, abogadas y académicas.

También obliga a las autoridades de Salud a reportar ante el Ministerio Público estas agresiones y contar con un registro oficial sobre los ataques con ácidos u otras sustancias.

Puebla fue el primer estado en el país en tipificar este delito como tentativa de feminicidio y quienes agredan a las mujeres con sustancias corrosivas pueden ser castigados con hasta 40 años de prisión, la pena más alta.

En Oaxaca la legislación contempla penas de 20 a 30 años e incrementa si hay una relación de parentesco, concubinato, noviazgo, laboral o docente. También aumenta si hay una destrucción de cualquier función orgánica, deformidad, daño permanente o haya pérdida parcial o total incorregible.

En Ciudad de México se tipificó el delito de violencia por ataques con ácido, sustancias químicas o corrosivas, que causen daños a la integridad de las mujeres, adolescentes, niñas y niños, personas transgénero, transexuales y con discapacidad.

Los daños causados por este tipo de violencia serán considerados un delito autónomo, sancionado con penas de 8 a 12 años de prisión, así como multas de 300 a 700 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente (UMA), y de 11 a 46 años de cárcel cuando las lesiones sean consideradas en grado de tentativa de feminicidio. La pena aumentará hasta en una mitad cuando sea cometida por razones de género, cause incapacidad, deformidad o pérdida de oído, vista o habla, cause alteración o daño en el aparato genital.

En Baja California la violencia ácida se castiga con siete a 13 años más una multa de casi 50 mil pesos. Es aplicable para todas las mujeres en su diversidad. Se agrava la pena cuando la víctima sea niña, adolescente, indígena, persona adulta mayor, con discapacidad o embarazada.

Mientras que Guerrero contempla hasta 30 años de prisión para el responsable de este delito. Se consideran agravantes el daño permanente a un órgano o extremidad del cuerpo, cuando se comenta en contra de personas en situación de calle o en contra de una persona por su identidad de género y orientación sexual.

Colima establece penas que podrían alcanzar los 33 años de cárcel. Protege a mujeres, niñas y niños, adolescentes, personas con discapacidad y mujeres trans. Como el resto de los estados, contempla un registro de víctimas a cargo de la Secretaría de Salud.

En Veracruz se impondrán de ocho a 12 años de prisión y multa de 300 a 700 veces el valor de la UMA. Será considerado tentativa de feminicidio cuando las lesiones cometidas contra la mujer provoquen resección parcial o total de las mamas, alteración en el aparato genital, en las funciones de reproducción sexual o atente contra el ejercicio de la autonomía sexual, cause alguna deformidad o daño físico permanente en algún órgano interno, externo o en ambos, provoque daños a extremidades, entorpezca, debilite u ocasione la pérdida parcial o total del oído, vista, habla, o incapacidad permanente para trabajar. El ataque se valorará en razón de género.

Con su aprobación, Campeche reconoce la violencia ácida y la considera como feminicidio en grado de tentativa castigando el delito con hasta con 33 años de prisión al responsable; protege también a mujeres trans.

En tanto, en Quintana Roo, la nueva legislación establece 50 años de cárcel para el agresor si la víctima fallece por violencia ácida. Si la persona sobrevive el delito se clasifica como tentativa de feminicidio, con penas que pueden alcanzar hasta los 30 años. Su ley estipula sanciones severas para los funcionarios públicos que obstaculicen el proceso de justicia en estos casos, incluyendo multas, destitución y hasta cinco años de prisión.

En Hidalgo la ley también en conocida como Ley Leslie por la lucha de Leslie Moreno en la entidad y a quien le arrojaron ácido en 2015; su caso hasta la fecha sigue impune. La reforma al Código Penal castiga hasta con 32 años de prisión los ataques con sustancias químicas o corrosivas.

En Nayarit, Nuevo León y Sinaloa la violencia ácida puede alcanzar los 18 años de prisión bajo el delito de lesiones; sin embargo, su reforma no avanzó para tipificarla como tentativa de feminicidio.

Aguascalientes y el Estado de México consideran los ataques con ácido sólo como un agravante del delito de lesiones. Mientras que Jalisco tipifica como delito autónomo las lesiones con ácido, sustancias químicas corrosivas o cáusticas.