ARRANCAN YA LOS DESPIDOS JUDICIALES EN YUCATÁN Y VERACRUZ

La llegada de los nuevos juzgadores electos ya generó los primeros saldos: despidos de trabajadores e incertidumbre laboral en el Poder Judicial.

Con el argumento de pérdida de confianza y de pertenecer a “otro equipo”, personal judicial -estatal y federal- fue despedido en días pasados en los estados de Veracruz, Sinaloa y Yucatán.

Sin embargo, organizaciones y especialistas consideran que el "fantasma" de la inestabilidad laboral en juzgados y tribunales podría extenderse a otras partes del país.

La razón, advierten, es que no se está respetando el “candado” de protección de derechos laborales de los trabajadores judiciales que se incluyó en la Reforma Judicial.

Además, en 19 estados hubo elección judicial local y en algunos todavía no comienza la transición.

A nivel federal se registran despidos de personal en órganos jurisdiccionales de Boca del Río y Xalapa, en Veracruz, y en al menos un juzgado auxiliar de Sinaloa.

También hubo despidos en lo que fuera el Consejo de la Judicatura de Yucatán y existe la advertencia de puestas a disposición de personal judicial local en Chihuahua.

“Veracruz es el estado en donde se están conociendo más de estos casos, por la cercanía”, indica Alan Torres, de la Coalición de Circuitos Unidos, una organización de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF).

“Pero hasta el momento yo lo que tengo visto por comentarios y referencias de otros compañeros a nivel nacional, es que los titulares electos llegaron con una consigna, que es hacer funcionar la reforma como sea".

En entrevista con Expansión Política, Torres advierte que los nuevos juzgadores electos también llegaron con la consigna de "amedrentar" al personal para desactivar posibles manifestaciones en contra de la salida de personal.

“Quieren sacar números, quieren sacar asuntos, quieren producir más por decirlo de alguna forma, o sea, sacar más sentencias y pues no les importa llevarse los derechos de las personas ¿no? Llegaron con la consigna también de amedrentar al personal para que no suceda lo del año pasado”, dice al recordar las protestas contra la reforma judicial de 2024.

“De cierta forma es como dar un manotazo en el escritorio diciendo: 'aquí los que mandamos somos nosotros'".

Al igual de la Coalición de Circuitos Unidos, otras organizaciones ya levantaron la voz por la baja de trabajadores sin valorar sus capacidades ni tomar en cuenta los años de experiencia judicial.

Entre ellas, el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura, el Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del PJF, el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial y la Colectiva Sororidad Judicial Federal.

Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, incluso informó en un video que contactó a la magistrada del nuevo Tribunal de Disciplina, Celia Maya, para plantearle esta problemática.

“Se comprometió a requerir informes a los responsables y llevar el caso al Tribunal de Disciplina Judicial. En el Sindicato estaremos vigilantes para que nadie con base sea obligado a presentar una renuncia”, dijo.

Desde antes de la aprobación de la Reforma Judicial, organizaciones de trabajadores y expertos alertaron que se podía afectar la estabilidad laboral de miles de trabajadores del Poder Judicial de la Federación y de los tribunales estatales.

El 6 de junio de 2024, empleados judiciales incluso enviaron una carta a la entonces virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, en la que le expresaron la preocupación de más de 32,000 trabajadores sindicalizados por sus trabajos, prestaciones y, en su caso, liquidaciones o pensiones.

Luego, durante la aprobación de la reforma, en septiembre de 2024, se incluyó en la Constitución el supuesto “blindaje” de protección laboral.

“Los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas serán respetados en su totalidad”, se lee en el artículo décimo transitorio de la reforma.

La adición se hizo para atender, se dijo, la preocupación de cientos de trabajadores que, con un paro laboral y protestas en las calles, advirtieron no solo riesgos a la independencia judicial de los juzgadores al ser removidos, sino también cancelación de la carrera judicial y afectación a sus empleos.

Tras la inclusión del artículo transitorio, la mayoría de Morena en el Congreso y el Poder Ejecutivo asumieron el compromiso de respeto a los derechos laborales.

Sin embargo, hoy ese régimen transitorio quedó de lado, pues la realidad que viven empleados del Poder Judicial es que, si bien tienen derecho a la permanencia en el empleo, los nuevos juzgadores también pueden reclutar a parte de su personal.

Azul Aguiar Aguilar, investigadora de la Universidad Jesuita de Guadalajara (ITESO) y presidenta de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas (AMECIP), sostiene que el relevo no solo de los juzgadores, sino de sus equipos, era uno de los objetivos de la reforma.

Y esa posibilidad se concretó porque, en la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se introdujo la disposición de que jueces y magistrados puedan conformar sus equipos con el 50% de integrantes de carrera judicial y el otro 50% por designación, personal de confianza.

En esa legislación se estableció, recuerda la investigadora en su estudio La independencia Judicial en Jaque, que los secretarios proyectistas de tribunal de circuito y juzgado de distrito “tendrán el carácter de personas servidoras públicas de confianza”.

"(Eso implica) la flexibilización de las reglas de ingreso y permanencia en puestos estratégicos, como los proyectistas de jueces y magistrados, (eso) abre la puerta para que el nepotismo se siga reproduciendo”, observa la experta.

La llegada a los puestos de trabajo de personas afines y hasta parientes de los nuevos juzgadores está por verse, pero gracias a esas reformas secundarias la posibilidad existe.

Estos despidos también afectan la carrera judicial, que surgió en 1994 y fue reforzada con un reforma constitucional en 2021. El objetivo era garantizar que las personas que formaban parte del Poder Judicial adquirieran el conocimiento necesario para realizar su tarea y ascender dentro de la institución con base en conocimiento y habilidades laborales.

En la carrera judicial había cinco escalafones: oficial judicial, actuario, secretario, juez y magistrado. Para ascender se combinaba la experiencia en el Poder Judicial con la formación académica.

Con las reformas en la materia, si bien se mantiene la carrera judicial, ya no es posible convertirse en juez o magistrado a través de concursos o exámenes de oposición.

Las "categorías" de la carrera están reservadas solo para secretarios de acuerdos, secretarios de estudio y cuenta, secretarios proyectista y secretarios de juzgado, entre otros puestos de nivel inferior.