AMLO DEJÓ SIN VACUNAS A MÁS DE SEIS MILLONES DE NIÑOS

En los dos primeros años de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, 6 millones de bebés y de niñas y niños hasta 6 años de edad no fueron vacunados. Su gobierno no compró los biológicos requeridos o lo hizo con retraso, como resultado del cambio que ordenó en los procedimientos de compra para tratar de cumplir con su política de austeridad y el supuesto combate a la corrupción.

Y aún cuando argumentó que se ahorraría dinero, eso tampoco ocurrió. El gobierno de AMLO gastó 24% más en la compra de vacunas en 2019, que Enrique Peña Nieto en 2018. Peor aún: compró menos dosis. Por eso, cuando las familias buscaron las vacunas obligatorias para sus niños, no las encontraron, dejándolos desprotegidos contra la hepatitis B, tétanos, difteria, rotavirus, neumococo o sarampión. Todas, enfermedades prevenibles por vacunación.

Ciertamente ningún gobierno ha vacunado a la totalidad de niños con todo el esquema básico, pero este gobierno superó cualquier número y dejó a más niños sin protección. En 2018, 575 mil niños no fueron vacunados, pero en 2019 sumaron 2.6 millones, un aumento de 352% al comparar ambos años.

Esto ocurrió antes de la pandemia. Es decir, no se puede atribuir a ésta que no se compraran. Por eso, el impacto de la emergencia sanitaria fue mayor para México, que resultó ser el quinto país con menos vacunas aplicadas en ese periodo, solo después de Filipinas, Indonesia, Pakistán e India, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La falta de vacunación no solo deja en vulnerabilidad a generaciones de niños, cuyos efectos podrán verse en el futuro, sino que abre el riesgo a la aparición de un brote o el resurgimiento de enfermedades erradicadas, lo que –además– podría aumentar las hospitalizaciones, secuelas como discapacidades, o pago de seguros por incapacidad laboral.

Esto podría costar hasta 166 mil millones de pesos al gobierno –siete veces más de lo gastado en vacunas en los últimos cinco años– lo que presionaría las finanzas de las instituciones públicas, de acuerdo con un cálculo de la propia Secretaría de Salud.