AMENAZA ESTADOS UNIDOS SANCIONAR A PARTIDOS POLÍTICOS CON NEXOS CON EL CRIMEN ORGANIZADO

El vínculo entre autoridades y organizaciones criminales como el que llevó a la detención del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera, puso en la mira la infiltración del crimen en la vida política y gubernamental del país y con ello, el riesgo de que Estados Unidos pueda emitir sanciones contra un partido político o que pueda ser designado como terrorista, alertaron especialistas.

Aunque la relación entre autoridades e integrantes del crimen organizado ya ha causado alerta en el pasado, hoy hay un elemento especial: hace casi un año, Estados Unidos designó a seis organizaciones criminales como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y Terroristas Globales especialmente designados (SDGT), lo que abre la puerta a sanciones a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).

En la designación se incluyó al Cártel de Sinaloa, al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), al Cártel del Noreste (CDN), a La Nueva Familia Michoacana (LNFM), al Cártel de Golfo (CDG) y a Cárteles Unidos (CU), acción que los colocó dentro del marco jurisdiccional de Estados Unidos.

Esto significa que independientemente de su ubicación territorial, las autoridades estadounidenses tienen la facultad de tomar todas las medidas para desmantelar su presencia y neutralizar su capacidad de representar una amenaza, explica la American Chamber México.

Para Michel Levien, director de Streiner, Buró Anticorrupción, casos de corrupción e infiltración de miembros de cárteles ya designados terroristas en gobiernos locales y partidos sí pueden llevar al gobierno de Estados Unidos a tomar acciones en su contra.

“Se corren tres riesgos principales. El primero es que designen a los propios partidos como organizaciones terroristas porque en algún momento se ve tan mezclado e indistinguible una cosa de la otra; la segunda que a miembros de partidos políticos y personas relacionadas con ellos les abran procesos penales en Estados Unidos y la tercera que ciertos gobiernos locales, estatales o el federal de México también sean vistos como terroristas”, explica el experto anticorrupción y antilavado.