ACUSAN AL GOBERNADOR DE ZACATECAS DE VETAR Y FRENAR REFORMAS APROBADAS POR EL CONGRESO ZACATECANO

El Poder Ejecutivo de Zacatecas, en manos de David Monreal Ávila, mantiene sin publicar varias decenas de reformas legales aprobadas por el Congreso del Estado, lo que impide su entrada en vigor.

En los hechos, el gobierno de Monreal Ávila estaría explotando un vacío legal en el marco normativo del estado, que le permite arrojar a un limbo jurídico las reformas que ya fueron avaladas por el Congreso local, pero que requieren aún de su publicación en el Periódico Oficial de la entidad para que adquieran plena vigencia; una situación anómala que puede persistir, si así lo dispone el Poder Ejecutivo, por tiempo indefinido.

Además de las afectaciones que esta práctica del gobierno de Monreal Ávila le causa a la población del estado, al obstaculizar decenas de reformas, legisladores advierten que este veto informal que ejerce el Poder Ejecutivo representa, de facto, un mecanismo de sometimiento sobre el Congreso estatal.

Para evitar que los productos legislativos que surgen del Congreso de Zacatecas permanezcan como “letra muerta”, aun después de haber sido aprobados por las fuerzas políticas con representación en ese Poder público, los legisladores del Partido del Trabajo, Renata Libertad Ávila Valadez y Alfredo Femat Bañuelos, presentaron días atrás una iniciativa para eliminar esta laguna jurídica que posibilita el llamado “veto de bolsillo”.

“La ausencia de reglas constitucionales claras que garanticen la culminación del proceso legislativo no es una cuestión teórica, sino una realidad plenamente verificable en el ejercicio actual del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. En lo que va de la LXV Legislatura, 63 productos legislativos aprobados por el Pleno no han sido publicados en el Periódico Oficial del Estado (…). Esta situación evidencia la materialización del veto de bolsillo en el ámbito local y demuestra que el vacío normativo existente permite que la omisión del Ejecutivo neutralice, en los hechos, la voluntad del órgano legislativo democráticamente electo”.

Así lo señala esa iniciativa presentada ante el Congreso este 10 de febrero de 2026, y en la que también se plantea: “La práctica consistente en no promulgar ni publicar leyes o decretos aprobados, sin formular observaciones en los términos constitucionales, constituye una forma de veto no prevista por el orden jurídico y es conocida como ‘veto de bolsillo’. (…) es una figura que se utiliza para describir la omisión del titular del Poder Ejecutivo de promulgar y publicar una ley aprobada, permitiendo que ésta pierda eficacia sin ejercer formalmente el derecho de veto”.

Este veto informal que ha impuesto el gobierno de Monreal Ávila sobre decenas de reformas aprobadas por la actual Legislatura del Congreso local, generaría múltiples daños de diversa índole, desde la vulneración de derechos humanos de la población de la entidad; lo que pasó por la distorsión de la arquitectura institucional con la subordinación del Poder Legislativo ante el Ejecutivo; hasta acabar con un debilitamiento del sistema democrático del estado.

"Cuando estas normas no entran en vigor, se retrasa o impide el ejercicio efectivo de derechos humanos, vulnerando el principio de progresividad previsto en el artículo primero constitucional y generando incertidumbre jurídica. En este sentido, el veto de bolsillo constituye una forma de violación indirecta a los derechos humanos, al impedir que decisiones democráticas se traduzcan en beneficios reales para la población”.

Dicha práctica resulta contraria al Estado de derecho, ya que permite al Ejecutivo impedir la entrada en vigor de normas válidamente aprobadas sin asumir responsabilidad constitucional, afectando el equilibrio entre poderes y vulnerando el principio democrático”.

Congreso de Zacatecas busca frenar veto de bolsillo de Monreal con reforma constitucional

Aunque el gobierno de Monreal Ávila estaría manteniendo en un limbo jurídico 63 disposiciones del Poder Legislativo aprobadas durante la actual Legislatura, la diputada Ávila Valadez, una de las impulsoras de la iniciativa citada, ha advertido ante los medios de comunicación locales que el rezago total que se ha identificado de reformas avaladas pero que persisten sin ser publicadas supera los 200 casos, considerando aquí, por lo tanto, decretos de periodos legislativos anteriores.

Justo por ello, para corregir esta situación y ponerle un alto definitivo al “veto de bolsillo” que está ejerciendo el gobierno de Monreal Ávila, la iniciativa de los legisladores del Partido del Trabajo propone modificar el texto constitucional del Estado para adoptar las disposiciones jurídicas que ya existen en la Constitución Política del país en esta materia, tras ser reformada en el año 2010.

“Este diseño normativo no constituye una innovación aislada, sino que reproduce un mecanismo vigente en el orden constitucional federal desde la reforma de 2010, mediante el cual se garantiza la culminación del proceso legislativo aun ante la omisión del Ejecutivo”.

Ese mecanismo que se pretende integrar al texto constitucional del Estado fue sintetizado así por el Congreso de Zacatecas, este 10 de febrero de 2026: “En el supuesto de que el Ejecutivo no devuelva el proyecto de ley o decreto con observaciones dentro del plazo de 30 días naturales, se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo.

Vencido dicho plazo, el Ejecutivo dispondrá de diez días naturales adicionales para su promulgación y publicación. Transcurrido este segundo plazo sin que se hubiere realizado la promulgación y publicación, la ley o decreto se considerará promulgado y el presidente de la Mesa directiva de la Legislatura, o en su caso el presidente de la Comisión Permanente, ordenará su publicación en el Periódico Oficial…”.