ACEPTAN FRACASO EN LA POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN DICE VENÍA PÉREZ PRESIDENTA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN

Al acercarse el 11 aniversario del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Vania Pérez Morales, la aún presidenta del Comité de Participación Ciudadana y del organismo, reconoce que no hay resultados y alerta que las instituciones y estrategias para enfrentar ese flagelo están en crisis e, incluso, infiltradas por corruptelas.

El Comité de Participación Ciudadana del SNA se concibió como el corazón anticorrupción del entramado institucional y ahora quedará en vilo con el fin del mandato de Pérez Morales, quien lamenta que no se ha logrado mucho.

“No tenemos una política de Estado anticorrupción…no hemos dado resultados a la ciudadanía”, afirma la aún presidenta del CPC y del SNA.

De formación politóloga y administradora pública, desde hace más de 15 años Pérez Morales está dedicada a temas anticorrupción, antes en el Observatorio Nacional Ciudadano y luego como coordinadora del Programa de Integridad y Fortalecimiento de la Transparencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En entrevista con Expansión Política, señala que durante su presidencia se avanzó en un protocolo para proteger a denunciantes, una política de integridad empresarial, se trabajó mucho con sociedad civil, el sector privado y autoridades de los estados que sí quieren hacer las cosas, pero dice que hay “una especie de sentimiento decepción, por lo que no se hizo”.

La también académica de la UNAM enumera algunos de los motivos por los que termina su periodo que inició en 2021 desmotivada: en México no se respeta la Constitución que obliga a impulsar una sola estrategia anticorrupción; se incumplen obligaciones hasta de asistir a reuniones clave e integrantes del SNA están señalados de irregularidades.

“(Hay) mucha frustración. A mí me hubiera gustado que estuviéramos al nivel de otros países”, sostiene a unas horas de dejar el cargo.

En la más reciente edición del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), elaborado por Transparencia Internacional (TI), México se ubicó en la posición 140 de 180 países evaluados con una calificación de 26 puntos de 100 posibles, la más baja en todos los años dentro del ranking.

De acuerdo con Transparencia Mexicana, algunos factores de esa calificación son la impunidad en casos como Odebrecht, Pemex Agronitrogenados, la Estafa Maestra y Segalmex, así como las escasas sanciones por las denuncias presentadas.

Vania Pérez recuerda que recientemente fue la revisión de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción y muchas naciones reportaron avances: mejores niveles de integridad, recuperación de dinero, protección de víctimas y cómo han desmantelado redes de macrocriminalidad y de corrupción, pero en México no hubo mucho que presumir.

“Somos el único país de la región que fue víctima (en el escándalo de corrupción de Odebrecht) y no hay una sentencia en firme por ese caso”, señala como ejemplo.

El Sistema Nacional Anticorrupción formalmente comenzó a operar hace casi ocho años y está compuesto por seis instituciones, ya que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), que también formaba parte del entramado, desapareció.

El andamiaje nacido de una reforma en 2015 contempla como integrantes a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Tribunal de Disciplina Judicial, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción y el Comité de Participación Ciudadana.